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La incertidumbre política y la inseguridad han debilitado el arribo de inversiones a México: CEEPS
El Centro de Estudios Económicos del Sector Privado (CEESP) advirtió que la incertidumbre política, la inseguridad y la delincuencia organizada han debilitado el arribo de inversión en México.
“La inversión, que es el impulsor principal del crecimiento, muestra un rápido debilitamiento y parece responder al ambiente de elevada incertidumbre por cuestiones políticas y del agudo ambiente de inseguridad que prevalece en el país”, manifestó el órgano asesor del Consejo Coordinador Empresarial (CCE).
Agregó que la incertidumbre e inseguridad ponen en riesgo la oportunidad de aprovechar el proceso de relocalización, que desde hace años ha ubicado a México como un punto atractivo para la instalación de empresas foráneas.
La oportunidad reciente de la atracción de inversión extranjera directa se fortaleció significativamente en los últimos cinco años, pero “podría ponerse en riesgo”, dijo.
Hasta el momento no hay indicios decisivos de que este proceso de relocalización haya tenido algún beneficio claro sobre la economía y bienestar de la población, comentó el instituto de investigación económica.
Según el CEESP, minimizar los problemas de inseguridad, impunidad y delincuencia avivan la incertidumbre y la preocupación, tras la aprobación de la Reforma Judicial, que al parecer podría limitar la aplicación de una justicia efectiva.
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“Si bien el nuevo gobierno avala la Reforma Judicial, es importante considerar que esta podría restringir sus esfuerzos para lograr el ambiente de tranquilidad y seguridad que el país requiere”, declaró.
Con un sistema judicial debilitado e impreparado, es muy probable que los niveles de inseguridad e impunidad se fortalezcan en perjuicio de la población y de la actividad productiva, añadió.
Recientemente aprecian los perjuicios a la población y actividad productiva en Sinaloa, en donde pareciera que la delincuencia ha tomado prácticamente el control gracias a la permisiva política del gobierno de abrazos y no balazos, señaló el Centro de Estudios Económicos del Sector Privado.
“Señalamientos como el del comandante de la Tercera Región Militar en Sinaloa, que considera que la tranquilidad de la entidad depende de que los grupos antagónicos cesen sus enfrentamientos y dejen en paz a la población, de alguna forma muestra la permisividad del gobierno”, explicó.
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El reporte del Inegi señala que en el segundo trimestre del año la inversión total creció 0.4 por ciento, avance que respondió en su totalidad al alza de 1.5% en la inversión privada.
“Esto significa que las empresas mantienen sus niveles de inversión para seguir operando de manera normal, aunque sin signos de una mayor asignación de recursos ante un incentivo limitado”, detalló el CEESP.
La inversión pública se contrajo 5.2%, como consecuencia de la conclusión de los proyectos insignia del gobierno: “Parece implicar que la inversión pública en temas tan relevantes como infraestructura básica no fluye lo suficiente para estimular una mayor inversión privada”.
Respecto al mismo trimestre del año pasado, la inversión pública cayó 2.2%, su primera baja en los últimos nueve trimestres, después de reportar aumentos de dos dígitos.
En este entorno las expectativas de crecimiento continúan corrigiéndose a la baja. De acuerdo con la estimación oportuna del Inegi, durante julio el indicador global de la actividad económica creció 0.1 por ciento, mientras que en agosto se percibe una ligera mejora de 0.3 por ciento.
A pesar de estos avances mensuales, su comparación anual continúa mostrando una marcada debilidad. Tanto para julio como para agosto se prevé un incremento de 1.1 por ciento.
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Mientras la atención se centra en el cambio presidencial, los niveles de inseguridad crecen con mucha impunidad. Hablar de un promedio de 75.3 homicidios dolosos por día en septiembre, cifra que supera la de los últimos dos meses, no es trivial.
Aun cuando la percepción sobre la inseguridad se ha moderado, el hecho de que prácticamente tres cuartas partes de la población mayor de 18 años se considere insegura en su entidad federativa refleja una menguada acción de las autoridades, concluyó.
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Enrique Hernández
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