A diez años del caso Ayotzinapa, la búsqueda de verdad y justicia continúa

Forbes México.
A diez años del caso Ayotzinapa, la búsqueda de verdad y justicia continúa

Hace diez años, la vida de Edgar Vargas cambió para siempre cuando recibió un disparo en la cara en uno de los casos más notorios de violencia masiva en la memoria reciente de México: el ataque y desaparición de 43 estudiantes de la escuela rural de formación de maestros de Ayotzinapa.

Una bala atravesó la mandíbula de Vargas la noche del 26 de septiembre de 2014, cuando intentaba ayudar a sus compañeros de clase atrapados en un autobús que estaba siendo atacado por hombres armados. Vargas, que entonces tenía 19 años, sobrevivió arrastrándose por la carretera hasta que encontró refugio, aunque le quedaron profundas cicatrices físicas y emocionales.

“Sabía que nada volvería a ser lo mismo… Apenas podía mirarme en un espejo”, dijo Vargas, que ha pasado por siete cirugías, entre lágrimas.

“No podía (hablar), veía mi cuerpo lleno de tubos dentro de mi boca, de cables, era muy duro”.

Vargas, ahora profesor, forma parte de un grupo de supervivientes que desde entonces se han dispersado por todo México. Muchos de ellos dicen que han sido amenazados por miembros del crimen organizado y funcionarios del gobierno, advirtiéndoles de que dejen de hablar y protestar o se enfrentarán a consecuencias no especificadas junto con sus familiares.

A pesar del miedo y el trauma, algunos dicen que quieren seguir buscando la verdad y la justicia que se les ha eludido durante una década.

Cada aniversario es un doloroso recordatorio del ataque a más de 100 estudiantes de magisterio de Ayotzinapa, en la ciudad de Iguala en el violento estado de Guerrero.

Los estudiantes viajaban en varios autobuses en ruta a la Ciudad de México para recordar la masacre estudiantil de 1968 cuando les dispararon. Cuarenta y tres de ellos fueron secuestrados por miembros del crimen organizado que se confabularon con la policía local, según dos investigaciones internacionales separadas, incluida una respaldada por la Organización de los Estados Americanos (OEA).

El motivo del ataque sigue siendo un misterio.

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Familiares de desaparecidos de Ayotzinapa siguen exigiendo la resolución del caso

En sus hallazgos iniciales, el gobierno anterior concluyó que los 43 habían sido secuestrados por policías corruptos en connivencia con una banda de narcotraficantes local que creía que los estudiantes habían sido infiltrados por miembros de una organización rival. La banda luego mató a los estudiantes y quemó sus cuerpos, según el informe.

El gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, quien asumió el poder en 2018, describió las desapariciones como un “crimen de Estado” que las autoridades habían tratado de encubrir. Nadie ha sido condenado en relación con el incidente y las autoridades solo han logrado identificar los restos de tres de los estudiantes.

Las familias de los desaparecidos siguen clamando por la verdad, aferrándose cada vez con más escepticismo a las promesas del gobierno de encontrar a los jóvenes o llegar al fondo de lo sucedido.

La presidenta electa Claudia Sheinbaum, que asumirá el cargo el 1 de octubre, prometió que las investigaciones continuarán sobre el incidente ocurrido durante el mandato del entonces presidente Enrique Peña Nieto, quien fue criticado por investigadores internacionales y familiares de las víctimas por provocar un cierre abrupto del caso.

Peña aceptó la afirmación de su oficina del fiscal general de que los cuerpos de los estudiantes habían sido quemados en una pira. Pero eso fue rechazado posteriormente por investigadores internacionales, incluido el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), un panel creado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.

Muchos familiares también están decepcionados con Obrador, quien había prometido resolver el caso. El presidente saliente ha defendido a las fuerzas armadas, a quienes los investigadores extranjeros y los abogados de los padres de las víctimas han acusado de jugar un papel en los hechos.

El ejército ha negado que alguno de sus miembros haya participado directamente y dice que ha proporcionado información para las investigaciones.

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En 2022, un funcionario del gobierno dijo que no había evidencia de que los 43 jóvenes estuvieran vivos y declaró el caso como un crimen de Estado. Pero los sobrevivientes aún tienen la esperanza de que sus compañeros hayan sobrevivido.

Dos sobrevivientes dijeron que habían recibido amenazas diciéndoles que dejaran de hablar sobre el caso. Añadieron que los funcionarios les habían ofrecido dinero o trabajos de por vida como maestros en escuelas públicas si aceptaban no participar en las protestas.

“No iba a aceptar un puesto de maestro manchado de sangre”, dijo uno de los entrevistados, que pidió permanecer en el anonimato y que dijo que había tenido que huir de Guerrero.

Algunos prefieren mantenerse alejados de los reflectores, pero aún están frustrados por la falta de justicia.

“Vemos la podredumbre del sistema de justicia mexicano”, dijo Aquilino Florencio, quien estaba allí esa noche y ahora estudia una maestría en Antropología Social.

“Aún me faltan todos, no me siento completa”.

Con información de Reuters

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Forbes Staff

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