La historia del voto femenino en México: avances y desafíos en el contexto político actual

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La historia del voto femenino en México: avances y desafíos en el contexto político actual

El 17 de octubre de 1953, México alcanzó un hito histórico en su evolución democrática: las mujeres adquirieron plenamente sus derechos civiles y políticos, incluyendo el derecho a votar y ser votadas. Este logro representó el resultado de décadas de lucha de mujeres que, a lo largo de la primera mitad del siglo XX, cuestionaron la exclusión de la vida política y social en una nación que comenzaba a forjar su identidad democrática. 

Hoy, 71 años después, es fundamental reflexionar sobre este proceso y analizar el contexto actual de las mujeres en la política mexicana, considerando tanto los avances como los desafíos pendientes.

El derecho al voto femenino en México no fue otorgado de manera espontánea, se logró gracias a los esfuerzos de mujeres que desde la Revolución Mexicana hasta la mitad del siglo XX impulsaron la causa de la igualdad de derechos. 

Hermila Galindo, Margarita Robles de Mendoza y Elvia Carrillo Puerto fueron pioneras en la promoción de los derechos civiles de las mujeres, al señalar la incongruencia de un sistema político que defendía principios democráticos, pero mantenía a la mitad de su población al margen de la participación política.

El reconocimiento legal del derecho al voto para las mujeres fue antecedido por una serie de reformas, tales como la Constitución de 1917, que, aunque progresista en muchos aspectos, no contemplaba explícitamente la inclusión de las mujeres en el ejercicio pleno de la ciudadanía. No fue hasta la reforma al artículo 34 constitucional que se reconoció el derecho de las mujeres a votar y ser votadas en las elecciones federales, en la época del expresidente Ruíz Cortines.

El reconocimiento del voto femenino fue más que una concesión política; marcó un punto de inflexión en el marco de los derechos civiles y políticos en México. Se abrió la puerta a la participación activa de las mujeres en la toma de decisiones que impactan el rumbo del país, lo cual fue un paso crucial hacia una democracia más inclusiva. Al garantizar su participación en las elecciones, se comenzó a cuestionar y transformar las estructuras de poder dominadas tradicionalmente por hombres.

A nivel de derechos civiles, el voto femenino fue un avance hacia la equidad, al reconocer a las mujeres como ciudadanas plenas, con voz y poder de decisión. No obstante, el camino hacia la igualdad política ha estado plagado de obstáculos. A pesar de que el derecho al voto fue garantizado en 1953, la representación femenina en cargos de elección popular y en las esferas de poder ha avanzado lentamente, evidenciando que el acceso a estos espacios no depende únicamente de reformas legales, sino también de un cambio cultural profundo.

En la actualidad, las mujeres en México han ganado terreno significativo en la política. La paridad de género en candidaturas ha contribuido a una mayor representación femenina en el Congreso de la Unión y en cargos locales. Hoy, el 50% de los escaños en la Cámara de Diputados está ocupado por mujeres, lo que posiciona a México como uno de los países con mayor igualdad de género en su Poder Legislativo.

La llegada misma de la Dra. Claudia Sheinbaum a la presidencia del país es un parteaguas en la realización de los derechos civiles y políticos de niñas y mujeres. 

Sin embargo, este avance no siempre se traduce en igualdad verdadera y en perspectiva de género. Las mujeres en la política mexicana siguen enfrentando violencia de género, acoso y barreras sistémicas que limitan su capacidad para ejercer plenamente sus derechos. La violencia política contra las mujeres por razones de género, reconocida en la ley desde 2020, es una manifestación de las resistencias estructurales que persisten en una sociedad donde el poder ha sido tradicionalmente masculino.

Además, el contexto social y cultural en México aún plantea desafíos importantes. Aunque las leyes han avanzado, es necesario un cambio en la percepción y en la participación activa de las mujeres en todos los niveles de toma de decisiones. Las cuotas de género y la paridad representan un mecanismo para equilibrar el acceso, pero solo un cambio cultural más amplio garantizará que las mujeres puedan ejercer su poder político sin restricciones ni violencia.

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Arlene Ramírez Uresti

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