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Legalización del cannabis en México y su impacto en el crimen organizado
En el debate sobre la posible legalización del cannabis en México, uno de los argumentos centrales radica en su potencial para debilitar las estructuras financieras y de poder del crimen organizado. No obstante, la experiencia canadiense tras la implementación de la Ley del Cannabis en 2018 aporta lecciones cautelosas que deben considerarse. A cinco años de su entrada en vigor, un reciente estudio en Canadá revela que los impactos sobre el crimen organizado han sido menos concluyentes de lo anticipado. Si bien la creación de un mercado regulado ha logrado avances en la reducción del consumo ilegal, el efecto directo sobre las organizaciones criminales no ha sido suficientemente claro ni contundente.
El enfoque de la legalización del cannabis como estrategia para combatir el crimen organizado no es exclusivo de Canadá; países como Suecia, Uruguay, Malta, Luxemburgo, Alemania, Suiza y los Países Bajos también han enmarcado sus iniciativas de regulación con este propósito. En Suecia, las narrativas de prolegalización se apoyan en la reducción de la influencia del crimen organizado, mientras que en Uruguay, el expresidente José Mujica defendió la regulación del cannabis como una medida para quitarle el control del mercado a los narcotraficantes.
En este contexto, el modelo de legalización del cannabis en Canadá abarca la regulación integral de su cadena de suministro, desde la producción hasta la distribución y venta al consumidor final. El propósito fue, entre otros, despojar al crimen organizado de un mercado lucrativo. Sin embargo, la revisión de la literatura reciente apunta a una ausencia de evidencia concluyente que demuestre un impacto significativo en las actividades delictivas de estas organizaciones. Los estudios actuales indican que, si bien el mercado ilícito de cannabis ha experimentado cierta contracción, la complejidad para medir con precisión el impacto en las finanzas del crimen organizado y la falta de metodologías robustas han dificultado una evaluación objetiva.
La carencia de datos sistemáticos ha limitado la capacidad de los investigadores y los responsables de políticas para identificar si los grupos criminales han sido realmente debilitados, o si, en cambio, han optado por estrategias adaptativas, diversificando sus fuentes de ingresos o insertándose indirectamente en la industria legal del cannabis. Por lo tanto, la experiencia canadiense subraya la necesidad de establecer indicadores específicos que permitan un análisis integral y sostenido sobre la evolución del crimen organizado en presencia de una economía legal del cannabis.
México enfrenta un panorama de criminalidad y violencia estructural más complejo que el de Canadá, debido a la prolongada influencia de los grupos delictivos en diversas esferas de la economía y la sociedad. La experiencia canadiense sugiere que la instalación de un mercado legal de cannabis, aunque representa un primer paso hacia la desestabilización de los ingresos criminales, no es una solución aislada. En el mejor de los casos, podría lograr un impacto moderado en sus operaciones a corto plazo. En un contexto como el mexicano, los resultados favorables dependerán de una implementación estratégica que contemple un sistema de indicadores detallados para monitorear la influencia del crimen organizado desde el inicio de la legalización.
Para ello, México debería adoptar un enfoque multidimensional en su recolección de datos, a abarcar desde estadísticas de arrestos y consumo hasta estudios cualitativos sobre la reorganización de los grupos criminales. La recopilación y análisis de estos datos permitiría a las autoridades obtener una visión más clara sobre el impacto real de la legalización y sobre la capacidad de adaptación del crimen organizado ante este cambio. Asimismo, será esencial acompañar la regulación con políticas sociales, como programas de empleo formal y apoyo para quienes actualmente se encuentran en el mercado ilegal tengan una fuente de ingresos, que permita disuadirlos de participar en actividades ilícitas.
Los resultados del estudio canadiense sugieren que los responsables de la legislación deben enfocarse menos en debatir la conveniencia de la legalización y más en la implementación de un marco efectivo y sostenible para su regulación. En el caso de México, esto podría implicar el fortalecimiento de los controles y la supervisión a lo largo de toda la cadena de suministro del cannabis, promoviendo al mismo tiempo un sistema de acceso responsable que desincentive el consumo ilegal y permita un seguimiento constante de los efectos de la regulación en el crimen organizado.
Finalmente, México se encuentra ante la oportunidad de aprender de las fortalezas y limitaciones del modelo canadiense para estructurar una política de legalización que aborde, más allá de la regulación del mercado, los efectos en las estructuras del crimen organizado. Un enfoque integral, acompañado de políticas sociales e iniciativas para medir el impacto del cambio regulatorio, es fundamental para que la legalización del cannabis sea un instrumento eficaz en el debilitamiento del crimen organizado y contribuya a la seguridad pública de manera sostenible.
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Guillermo Nieto
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