La extorsión expone un agujero corrosivo en la estrategia de seguridad de México

Forbes México.
La extorsión expone un agujero corrosivo en la estrategia de seguridad de México

Después de que el mes pasado agricultores de Texcaltitlán, Estado de México, mataron a machetazos a presuntos miembros del cártel de “La Familia Michoacana” que los amenazaban para obtener dinero a cambio de protección, el foco se pus sobre uno de los mayores problemas de seguridad del país: la extorsión.

Si bien el gobierno ha reducido los asesinatos, la extorsión es mucho mayor ahora que cuando el presidente Andrés Manuel López Obrador asumió el cargo en 2018, lo que la convierte en un riesgo importante para una economía que ha sido objeto de relativamente poca investigación.

Los críticos dicen que la estrategia de López Obrador de tratar de contener la violencia reduciendo la confrontación directa contra los criminales aumentó el malestar, pues les ha dado más espacio para aprovecharse de las empresas.

“La creciente extorsión no ha acaparado los titulares, pero ha sido la consecuencia aún más corrosiva de una estrategia de seguridad que nunca mereció esa etiqueta”, señala Falko Ernst, analista del International Crisis Group.

López Obrador niega que su estrategia haya alimentado la impunidad, pero después de la sangrienta detención de los extorsionadores por parte de los habitantes de Texcapilla (localidad del municipio de Texcaltitlán) dijo que México debe luchar contra el problema.

Las víctimas de extorsión registradas aumentaron casi 60%, de 6,895 en 2018 a 10,971 en 2023, periodo durante el cual los homicidios cayeron 12%, según datos oficiales.

Los empresarios que se niegan a pagar las extorsiones suelen ser amenazados con ser objeto de violencia, o sus familiares o trabajadores, o con la destrucción de sus propiedades.

Siguiendo un enfoque que llama “abrazos, no balazos”, López Obrador sostiene que la violencia no se resuelve con más violencia, y que la respuesta está en mejorar los niveles de vida con gasto social y mejores salarios para erradicar la pobreza crónica y desigualdad que favorecen al crimen.

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Previo a las elecciones presidenciales del 2 de junio, la seguridad encabeza de manera frecuente las encuestas como una de las principales preocupaciones de los votantes.

Incluso algunos aliados cercanos a la precandidata presidencial por Morena, Claudia Sheinbaum, la gran favorita para ganar las elecciones, dicen que los criminales se han sentido envalentonados bajo el mandato de López Obrador.

“Esta ha sido la presidencia en la que el otro lado (el crimen organizado) se ha sentido más cómodo en los últimos 25 años”, comentó un asistente de Sheinbaum. “Eso, o peor.”

La exjefa de Gobierno de la Ciudad de México ha defendido a la actual administración, al tiempo que promete “impunidad cero”, y destacó su propio historial en materia de seguridad en la capital, donde los asesinatos disminuyeron mucho más.

Ernst, que monitorea de cerca el crimen organizado en algunos de los estados más rebeldes de México, subrayó que la política de López Obrador había al menos implícitamente indicado a los cárteles que tenían libertad para actuar siempre que no descarrilaran la narrativa oficial de que “las cosas están mejorando”.

La mayoría de las extorsiones no se denuncian por temor a represalias. Un estudio reciente realizado por un grupo de expertos del Senado señaló que México sufre unos 13,000 actos de extorsión diariamente.

La impunidad ha alentado a los criminales para involucrarse en una creciente cartera de “extractivismo” que afecta cada vez más a los alimentos básicos, amenazando la estabilidad económica, argumentó Ernst.

Un alto ejecutivo, que habló bajo condición de anonimato, dijo que sus negocios estaban siendo atacados mucho más por el crimen organizado que bajo cualquier gobierno anterior, y que tenía que hacer pagos regulares para seguir funcionando en algunas áreas.

Otro, relató cómo su empresa simplemente cerró sus operaciones en un estado en lugar de acceder a las demandas de los extorsionadores.

Al mismo tiempo, el presidente ha puesto miles de millones de dólares en infraestructura pública y oficinas tradicionalmente civiles en manos militares, lo que genera preocupaciones de que las fuerzas armadas estén siendo politizadas y distraídas de sus deberes principales.

“La gente está harta de sentir que no pueden protegerse. Objetivamente se ha producido una profunda regresión en la afirmación de la autoridad del Estado”, señaló Carlos Heredia, analista político del CIDE. 

Con información de Reuters

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